Decidamos sobre nuestras vidas, pongamos la economía al servicio de la gente
Referéndum para decidir sobre
LA VIVIENDA Y LAS ELÉCTRICAS
Energía
Vivienda
Viviendas en mano de bancos y fondos buitre permanecen cerradas mientras millones de familias y jóvenes no pueden acceder a ellas.
Control público
La energía y la vivienda son bienes imprescindibles para la vida, como la educación y la sanidad debe asegurarse su acceso público para que nadie se quede al margen.
Referéndum
Manifiesto “Decidamos”
QUE LA DEMOCRACIA AVANCE FRENTE A LOS PRIVILEGIOS DE UNA MINORÍA
En los últimos tiempos asistimos a una crisis social que se está cebando contra las clases populares. Encarecimiento de la vida, subidas alarmantes del precio de la luz, crecimiento insostenible del precio de la vivienda, precariedad laboral. Frente a eso, una minoría peligrosa organizada en Consejos de Administración y fondos buitre se está enriqueciendo de forma escandalosa a costa de la pérdida de derechos de la mayoría.
El gobierno progresista llegó con la promesa de legislar sobre algunos elementos claves: poner orden al mercado inmobiliario garantizando el acceso a una vivienda digna y promover una transición ecológica y energética justa, entre otras cosas. Sin embargo, las reformas que ha ido planteando sobre el sector de la vivienda y del mercado eléctrico son más que insuficientes o, en el caso de la vivienda, siguen aparcadas.
Creemos que es el momento de avanzar de forma decidida para darle una vuelta real y estructural a estas cuestiones que tanto nos afectan en el día a día. Y hacerlo sin esperar a que los gobiernos y los políticos de turno sean quienes resuelvan nuestros problemas. No podemos delegar ni esperar más. Es momento de poner la economía al servicio de la gente: no podemos aceptar por más tiempo que la riqueza de unos pocos sea la pobreza de una mayoría.
La democracia es útil para avanzar y conquistar derechos. Para restar poder económico y político a las oligarquías. Para devolver el poder real a quienes construyen y sostienen la vida y la economía.
Por eso creemos que ha llegado el momento de devolverle la voz a quien corresponde. Por eso creemos que el Gobierno debe convocar un referéndum para que sea la ciudadanía quien ofrezca una decisión democrática sobre cuestiones que nos afectan de forma directa en nuestra vida cotidiana: el mercado de la vivienda y el mercado eléctrico.
¿Por qué el gobierno iba a temer más a una consulta ciudadana que a los chantajes permanentes de las grandes compañías eléctricas y de los fondos buitres que arrasan nuestros barrios?
El Gobierno está facultado para convocar un referéndum según la propia Constitución de 1978 y la Ley Orgánica de Referéndum 2/1980. La Constitución establece en su artículo 92 que corresponde al Presidente del Gobierno, autorizado por el Congreso, la iniciativa para convocar un referéndum consultivo sobre decisiones de especial trascendencia.
¿Qué hay más trascendente ahora que regular el mercado eléctrico y el mercado de la vivienda?, ¿por qué no someter a referéndum estas cuestiones planteando una consulta pública que muestre el apoyo o rechazo popular a que las viviendas en manos de fondos buitres pasen a ser públicas?, ¿por qué no somerter a referéndum si las eléctricas deben pasar a ser propiedad social, tal y como la Constitución también permite?
Sabemos que el ordenamiento legal impide que estas consultas tengan carácter vinculante. Pero, ¿qué gobierno progresista sería capaz de no asumir un firme mandato popular?.
La economía y los derechos sociales son campos en disputa, en conflicto permanente. Una disputa entre las necesidades sociales y los privilegios de una minoría peligrosa. Hacer avanzar la democracia es hacerlo a través de la práctica. Poniendo la economía y la democracia al servicio de la gente.
Por todo ello, exigimos al Gobierno de coalición de PSOE y UP que tomen la iniciativa y convoquen un referéndum que permita un debate real y en las mejores condiciones de posibilidad y de igualdad entre quienes hoy ven aumentadas sus cuentas de beneficio y quienes vemos que nuestras condiciones materiales de vida son cada vez más difíciles.
¿Estás de acuerdo con que el Gobierno ponga en marcha la legislación necesaria para asumir la propiedad social de las grandes empresas eléctricas y de las viviendas vacías de bancos y fondos de inversión a través de las siguientes medidas?
Socialización de las viviendas existentes en manos de grandes empresas privadas (bancos, fondos de inversión e inmobiliarias), manteniendo a sus mismas inquilinas en aquellas que estén habitadas actualmente.
Gestión de estas viviendas con una orientación a las necesidades y no a los beneficios privados, es decir, garantizando el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada tal y como fija el Artículo 47 de la Constitución Española
Administración a través de medios democráticos del parque de viviendas, así como prohibición de la reprivatización de dichas viviendas.
Socialización de las grandes empresas eléctricas privadas, atendiendo al interés general tal y como fija el Artículo 128 de la Constitución Española, reorientando sus beneficios actuales a la creación de empleo vinculado a una transición ecológica justa y la reducción de la factura de la luz.
